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La bananera Chiquita apelará tras ser hallada responsable de financiar a paramilitares colombianos
El gigante bananero Chiquita Brands International, declarado responsable de financiar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por un jurado en Estados Unidos, anunció este martes que apelará la decisión conocida la víspera.
"Aunque estamos decepcionados por esta sentencia, seguimos confiando en que nuestra posición legal prevalecerá en última instancia", aseguró la compañía estadounidense en un comunicado enviado a la AFP.
En su veredicto del lunes, un jurado convocado por un tribunal federal de Florida ordenó a Chiquita indeminzar con 38,3 millones de dólares a las familias de ocho personas asesinadas por las AUC, responsables de otros cientos de muertes en el país suramericano.
"Nuestros clientes arriesgaron sus vidas al presentarse para pedir cuentas a Chiquita, depositando su fe en el sistema de justicia de Estados Unidos", declaró Agnieszka Fryszman, una de las abogadas de los demandantes.
"El veredicto no traerá de vuelta a los maridos o hijos que fueron asesinados, pero deja las cosas claras y sitúa la responsabilidad de la financiación del terrorismo donde debe estar: en Chiquita", añadió en una nota.
El gigante bananero ya había confesado en 2007 ante tribunales estadounidenses haber financiado entre 1997 y 2004 a las AUC, organización considerada entonces como terrorista por Washington, por lo que apoyarla se configuraba en un delito federal.
Tal respaldo fue "prolongado, regular y sustancial", según el Departamento de Justicia, por lo que la compañía recibió una multa de 25 millones de dólares.
La empresa alegó, sin embargo, que fue víctima de una extorsión cuando pagó el dinero al grupo paramilitar y que lo hizo para proteger a su personal y sus instalaciones en la región del Urabá, en el noroeste de Colombia.
Las AUC sembraron el terror en ese país suramericano en la década de 1990 y principios de siglo en el marco de una encarnizada guerra contra las guerrillas de izquierda, ayudadas en ocasiones por miembros de las fuerzas armadas.
Unos 20.000 combatientes de esos escuadrones se desmovilizaron entre 2003 y 2006 bajo el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Los ocho demandantes del caso en Florida alegaron que Chiquita transfirió a las AUC casi 2 millones de dólares e incluso les ayudó a transportar armas y drogas, a pesar de saber que esa milicia estaba implicada en graves abusos de derechos humanos.
El jurado aceptó el argumento de que el dinero entregado a los paramilitares se utilizó para cometer homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas.
Marco Simons, consejero general de la oenegé EarthRights, que asistió a los demandantes, saludó el veredicto como "un poderoso mensaje a las empresas de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune".
Otros procedimientos civiles contra Chiquita están en curso en Estados Unidos por los mismos motivos. En ellos participan cientos de demandantes.
(W.Walker--TAG)
