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Los eurodiputados aprueban una protección a periodistas y activistas contra la intimidación judicial / Foto: Frederick Florin - AFP
Los eurodiputados aprueban una protección a periodistas y activistas contra la intimidación judicial
El pleno del Parlamento Europeo aprobó este martes un conjunto de normas para proteger a periodistas, activistas y defensores de DDHH contra demandas infundadas y abusivas, en casos de intimidación judicial.
El texto fue aprobado por amplia mayoría, con 546 votos a favor y 47 votos en contra, con 31 abstenciones.
La normativa se refiere a procedimientos civiles que afectan a más de un país, en particular los casos en los que el denunciante, la persona o entidad denunciada y la jurisdicción legal no se encuentran en un mismo país.
Con esto, la ley se propone proteger a periodistas, activistas o académicos que trabajan en la defensa de derechos fundamentales, o impulsen denuncias de corrupción o desinformación.
La Comisión Europea -el brazo ejecutivo de la UE- propuso este proyecto de ley en abril de 2022 para combatir casos de procedimientos abusivos y asedio judicial, a raíz del expresivo aumento en los casos de este tipo de procedimiento.
El ponente del caso, el socialdemócrata alemán Tiemo Wolken, dijo que en el año pasado se registró en la UE un hubo un "número récord" de demandas abusivas, en "160 casos en los que los periodistas podrían haber sido privados de sus derechos fundamentales".
En tanto, los legisladores socialdemócratas franceses Sylvie Guillaume y Pascal Durand señalaron en un comunicado que esas maniobras "ponen en peligro nuestros principios democráticos, el Estado de derecho y socavan libertades fundamentales".
Por ello, añadieron, los legisladores "teníamos que reaccionar y proteger a los más vulnerables".
Para Marie Toussaint, vicepresidenta francesa del grupo de los Verdes, la ley, "aunque incompleta e imperfecta, constituye un primer paso significativo para la protección de quienes quieren arrojar luz sobre el debate público'.
La directiva entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros tendrán dos años para implementar la directiva.
(A.Thompson--TAG)
