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Tregua en España en la guerra por el poder judicial, pero la crisis sigue / Foto: Pierre-Philippe Marcou - AFP/Archivos
Tregua en España en la guerra por el poder judicial, pero la crisis sigue
La crisis institucional que estalló en España antes de Navidad por la renovación de los miembros del más alto tribunal del país se calmó esta semana, pero continúa el estancamiento de la renovación del sistema judicial, víctima del enfrentamiento entre la izquierda y la derecha desde hace cuatro años.
El Tribunal Constitucional (TC), encargado de verificar la conformidad de las leyes con la norma fundamental del país, se reunió a mediodía del jueves y anunció en un comunicado que había validado "por unanimidad" el nombramiento de sus cuatro nuevos miembros (dos designados por el gobierno y dos elegidos por el Consejo General del Poder Judicial, el CGPJ). Entrarán en funciones a principios del próximo año, sustituyendo a cuatro jueces cuyo mandato había expirado hace seis meses.
De este modo se cierra un episodio que empezó cuando la mayoría conservadora del TC aceptó, el 19 de diciembre, a demanda del Partido Popular (PP, derecha), primer partido de la oposición, impedir al Senado votar una reforma gubernamental previamente adoptada por la cámara baja y destinada a desbloquear la renovación de este propio tribunal.
Los socialistas se quejaron de que esta intervención inédita de la más alta jurisdicción del país en el ámbito del poder legislativo nunca se había dado desde la llegada de la democracia en España, en 1978.
Por su parte, el PP acusó al gobierno del socialista Pedro Sánchez de querer cambiar la forma de elección de los jueces para forzar el nombramiento de magistrados "progresistas" e inclinar así la mayoría del TC hacia la izquierda.
- Giro en la crisis -
Si bien el Tribunal Constitucional carece de la influencia considerable del Tribunal Supremo en Estados Unidos, juega un papel creciente en España en temas sociales. Próximamente tendrá que pronunciarse sobre asuntos tan delicados como el aborto, la eutanasia y la educación.
Según la prensa española, los ocho jueces de izquierdas del CGPJ aceptaron, por "sentido institucional", a los dos candidatos propuestos por la mayoría conservadora, entre ellos una jueza considerada como "progresista".
La explicación es que los jueces conservadores prefirieron tomar la iniciativa para evitar que el parlamento apruebe en las próximas semanas un proyecto de ley que modifique la forma de elección del TC.
Todo ello se produce unos días después de que el rey Felipe VI pidió, en su discurso navideño, "realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva", lo que se interpretó como una alusión a esta crisis institucional.
- "Desbloqueo en cadena" -
La elección de estos dos nuevos miembros por el Consejo General del Poder Judicial dio lugar inmediatamente a un "desbloqueo en cadena", como escribió el diario barcelonés La Vanguardia, que permitió al gobierno presentar oficialmente el jueves a sus dos candidatos al Constitucional, ambos con marcado perfil de izquierdas: un antiguo ministro de Justicia de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, y una antigua alta responsable de los servicios de presidencia del gobierno, Laura Díez.
El campo conservador, que disponía hasta ahora de 6 de los 11 miembros del TC (hay un sitio vacante), bloqueó la renovación de la corte para preservar una mayoría de derechas, pero la crisis ha propiciado un resultado inverso, porque la izquierda contará ahora con una mayoría de 7 jueces frente a 4. Una relación de fuerzas que podría tener su importancia, a un año, en diciembre de 2023, de las elecciones generales.
El desenlace de este episodio no significa, sin embargo, el fin de la crisis del sistema judicial. Ni mucho menos. Porque más allá del TC, el gobierno y la oposición aún tienen que renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el órgano clave del sistema, ya que es el encargado de nombrar a la mayoría de los jueces.
Esta renovación, que debería haber tenido lugar en 2018, requiere un acuerdo entre los socialistas y el PP, ya que 12 de los 20 miembros del Consejo son designados por ambas cámaras del Parlamento por mayoría de tres quintos.
El gobierno de Sánchez había intentado en 2020 cambiar las reglas del juego para sustituir esa mayoría cualificada por una mayoría simple, pero la intervención de la Comisión Europea le hizo renunciar.
Como consecuencia de este estancamiento, según el diario madrileño El País, un tercio de las plazas de magistrado en las esferas superiores de la judicatura están actualmente vacantes.
(T.Burkhard--BBZ)
