Una corte brasileña retoma un juicio clave para el futuro de las tierras indígenas
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil reanudó este miércoles un juicio clave sobre una tesis que limita el reconocimiento de nuevas tierras indígenas, consideradas por expertos una importante barrera contra la deforestación.
Hasta el momento cuatro jueces votaron por rechazar la tesis del llamado "marco temporal", que limita ese reconocimiento, contra dos votos a favor de validarla, en un trámite que se inició en agosto de 2021.
Aún faltan cinco jueces del STF por votar.
El "marco temporal" solo reconoce como territorios indígenas aquellos ocupados o en disputa por los pueblos originarios cuando se promulgó la Constitución, el 5 de octubre de 1988.
"La garantía de la permanencia en las tierras tradicionalmente ocupadas es indispensable para el cumplimiento de sus derechos", justificó el juez Cristiano Zanin que votó en contra de la regla en la última sesión del 31 de agosto.
Representantes de pueblos indígenas se movilizaron en Brasilia para acompañar el juicio, en alerta por el potencial impacto de la decisión en sus comunidades.
Estas rechazan el marco temporal argumentando que muchos pueblos originarios fueron expulsados a lo largo de la historia de sus territorios ancestrales, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985).
"Hoy es un día histórico para los pueblos indígenas. Cuando salgamos de aquí, el marco temporal quedará enterrado y vamos a empezar una nueva vida", dijo Kretã Kaingang, representante de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
La tesis del "marco temporal", en cambio, cuenta con el apoyo de representantes del poderoso agronegocio brasileño, que consideran esa tesis necesaria para dar "seguridad jurídica" a los grandes productores rurales.
La corte decidirá en concreto sobre una causa que abarca al territorio Ibirama-Laklano, en Santa Catarina (sur), pero el veredicto podría afectar a muchas otras tierras en disputa.
Uno de los jueces que votó hasta ahora contra el límite temporal propuso una solución alternativa: que el Estado indemnice a aquellos productores rurales que hayan ocupado y adquirido tierras "regularmente y de buena fe".
La población indígena de Brasil es de casi 1,7 millones de personas, equivalente al 0,83% de los 203 millones de habitantes del gigante sudamericano, según el censo.
(K.Müller--BBZ)