The Albany Gazette - El agua del gran parque natural de Doñana desata una guerra política en España

"Doñana no se toca, Doñana es patrimonio de los andaluces, de todos los españoles", aseguró el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

Doñana es una reserva en la provincia de Huelva, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que da cobijo a miles de especies de animales y plantas en sus 100.000 hectáreas de lagunas, marismas, dunas y bosques.

Situada en el margen derecho del estuario del río Guadalquivir, cerca de su desembocadura en el Atlántico, es un paraíso de aves migratorias, que cada año recibe a más de 500.000 que pasan el invierno ahí.

Sánchez lanzó su advertencia el miércoles, después de que el Parlamento andaluz aprobó tramitar una ley para legalizar estos cultivos, mayoritariamente de fresas, nacidos irregularmente en el entorno del parque, pero nunca erradicados.

El gobierno andaluz presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, del conservador Partido Popular, contó con los votos de la formación de extrema derecha Vox, y la ley podría acabar siendo aprobada en unas semanas.

Ambos partidos sostienen que el agua que se usará para los regadíos es de la superficie, no de los acuíferos del parque, pero asociaciones ecologistas sostienen que vienen de pozos hasta ahora ilegales.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo oficial, sostuvo en una nota de prensa el 10 de abril que "el deterioro del sistema de lagunas de Doñana es generalizado. Se ha constatado que el 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado al menos desde 2013".

"Estos cambios están significativamente relacionados con la temperatura y la precipitación de cada año, pero también con la extensión de áreas cultivadas, la superficie construida en [la población lindante de] Matalascañas, la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y el funcionamiento del campo de golf", concluyó el CSIC.

- "El caos" en torno al parque -

La polémica ocurre en un año de grandes citas electorales. El 28 de mayo los españoles elegirán a los gobiernos de sus ayuntamientos y de 12 de las 17 regiones del país, y a finales de 2023, en una fecha aún por determinar, a su parlamento y gobierno.

El presidente andaluz respondió a Sánchez y los socialistas que ellos gobernaron Andalucía durante 36 años, hasta principios de 2019, sin resolver la degradación de Doñana.

"Es una gran frivolidad que digan que van a defender Doñana quienes han permitido que se vulneren los acuíferos durante años y años", dijo a la prensa. Se trata de "poner orden en el caos".

En declaraciones a los medios, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, respondió a Moreno que la iniciativa expone a España a multas europeas y a un "daño reputacional" de sus productos agrícolas que podría dar lugar a boicots.

El Tribunal de Justicia de la UE dictó en 2021 una sentencia contra España por el deterioro de Doñana, y amenazó con multas si no revertía esa situación.

"Es un asunto que observamos de cerca. Estamos en contacto con el gobierno español", dijo este jueves un portavoz de la Comisión Europea, Tim McPhie, rechazando entrar "en hipótesis" sobre sanciones.

- La tierra del "oro rojo" -

Científicos y ecologistas están en pie de guerra contra la ley.

Carlos Dávila, responsable de la ONG SEO/BirdLife en Doñana, recordó en un comunicado que el parque natural es Patrimonio de la Humanidad "como lo es la Alhambra", la famosa fortificación musulmana de Granada, y que la iniciativa "equivaldría a derribar una gran parte de este complejo monumental para, por ejemplo, construir un centro comercial".

En 2014, el gobierno andaluz, entonces dirigido por la izquierda, legalizó unas 9.000 hectáreas de cultivos establecidas antes de 2004 en las cercanías de Doñana, pero las 2.000 que empezaron a cultivarse a partir 2004 quedaron fuera, y son las que ahora serían regularizadas.

Sin embargo, la ministra Ribera dijo que ahora no sobra ni una gota para cultivos y que la iniciativa del gobierno andaluz "es un engaño", "una medida puramente electoralista".

La provincia de Huelva es la primera región exportadora de frutos rojos de Europa. Produce 300.000 toneladas de fresas al año, es decir, el 90% de la producción española.

Este "oro rojo" emplea a entre 80.000 y 100.000 personas y genera casi el 8% del PIB regional, según la federación Freshuelva, pero pese a ello la tasa de paro en la provincia supera el 20%.

(K.Müller--BBZ)