The Albany Gazette - La crisis de la vivienda, un complejo frente para el gobierno español

"Encontrar un alquiler en España se ha convertido ahora en una carrera de obstáculos (...), sobre todo para los jóvenes", explica a AFP Juan Lozano, un madrileño de 24 años. "Casi no hay ofertas, y cuando las hay, los precios están por las nubes", agrega.

Al igual que otras 22.000 personas, según las autoridades, este estudiante salió a manifestarse el domingo en Madrid, siguiendo la convocatoria de una cuarentena de asociaciones que reclaman soluciones ante la escalada de los precios de la vivienda y amenazan a los propietarios con una "huelga de alquileres".

"El tema de la vivienda es un problema que tiene mucho tiempo en España", donde todavía se mantiene vivo el recuerdo de la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008, pero "desde la crisis del Covid, se ha vuelto insostenible", insiste Juan Lozano.

Según el portal inmobiliario Idealista, el precio del metro cuadrado de alquiler aumentó un 82% durante los últimos diez años en el país. Un ritmo cinco veces superior al del salario medio, que creció un 17%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para los hogares modestos, encontrar un sitio para vivir se ha convertido en misión imposible, ya que la vivienda social es escasa en España, con apenas un 2,5% del parque total, frente al 9,3% de media en la Unión Europea.

- Alquileres que 'ahogan' -

"Los alquileres nos ahogan cada mes y nadie hace nada (...). La mayoría social lleva demasiado tiempo pagando la crisis de la vivienda, mientras una minoría [de propietarios] se enriquece a costa de su trabajo", denuncia el Sindicato de Inquilinos.

Una opinión que comparte Comisiones Obreras (CCOO). "El acceso a la vivienda se ha convertido en una quimera para amplias capas de la sociedad", lamenta el sindicato, que insta al Estado a "garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada".

Para el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que hizo de la defensa de las clases populares una prioridad desde su llegada al poder hace seis años, la cuestión resulta espinosa, además de ser una fuente de tensiones con sus aliados de izquierda radical en el Parlamento.

En mayo de 2023, el ejecutivo aprobó una ley sobre vivienda, que preveía un alza de las construcciones de inmuebles sociales, la limitación de los alquileres en zonas tensionadas y recargos para los propietarios que mantuvieran viviendas desocupadas.

Pero la nueva legislación no ha logrado limitar por ahora el alza de los alquileres, que aumentaron un 10,2% interanual en el tercer trimestre, llegando a picos del 15% en grandes ciudades como Valencia o Madrid.

Un incremento que disparó la impaciencia de la población, mientras el gobierno mantiene un pulso con varias regiones -que son las encargadas principalmente de su implementación- para que la apliquen, 18 meses después de su aprobación.

- Sin varitas mágicas -

"La situación es difícil", pero "el problema de la vivienda no entiende de varitas mágicas", argumentó el lunes Pedro Sánchez, recordando que su gobierno ha "multiplicado por ocho" los recursos dedicados a la vivienda en seis años.

"Yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres. Por eso, mi gobierno ha fijado como prioridad absoluta la vivienda", continuó el dirigente socialista, que anunció el reparto de 200 millones de euros en ayudas a los jóvenes para el alquiler.

Hace unos meses, el ejecutivo ya anunció el fin de la concesión de las "visas doradas", que ofrecían la residencia a extranjeros que invirtieran más de medio millón de euros en inmuebles, al considerar que potenciaban la especulación.

Igualmente, se comprometió a luchar contra la proliferación de apartamentos turísticos, que reducen la cantidad de vivienda disponible en el mercado, así como a acelerar el inicio de la construcción de viviendas nuevas.

De acuerdo con el Banco de España, serían necesarias unas 600.000 viviendas de aquí a finales de 2025 para responder a las necesidades de la población. Cada año, sin embargo, se construyen menos de 100.000, de acuerdo con la misma institución.

"Durante años hemos tenido promesas", pero con "pocos resultados", opina Laura Barrio, del colectivo "Stop Desahucios". "Ahora hay que actuar" con "reformas estructurales" que arreglen el problema "desde la raíz", insiste.

(R.White--TAG)