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Las víctimas de abusos reclaman apertura y reparaciones a la Iglesia española / Foto: Javier Soriano - AFP/Archivos
Las víctimas de abusos reclaman apertura y reparaciones a la Iglesia española
Tras años de negarse frontalmente, la Iglesia católica española accedió en 2022 a indagar sobre los abusos sexuales a menores en su seno, pero dos años más tarde, las víctimas critican que siga escamoteando cifras y se les niegue una reparación.
"No tienen ni la más mínima intención de cambiar en nada, cada vez que abren la boca es otra vez para revictimizar, para (...) mentir", afirmó a la AFP Fernando García Salmones, de 63 años, abusado en su adolescencia en un colegio religioso en Madrid.
Portando una pancarta que preguntaba "Por qué la jerarquía eclesiástica española no atiende y repara a sus víctimas", García Salmones se manifestó a principios de semana junto a otros afectados ante la Conferencia Episcopal Española (CEE).
La protesta coincidió con la elección del nuevo presidente de la CEE. Fue nombrado Luis Argüello, un obispo conservador calificado como el "candidato menos aperturista" por el diario El País, medio que ha cubierto ampliamente el tema de la pederastia en la Iglesia.
Entonces secretario general de la CEE, Argüello advirtió en septiembre de 2021 que la Iglesia no investigaría "de manera proactiva" los abusos a menores, a diferencia de lo ocurrido en otros países como Francia, Alemania, Irlanda, Estados Unidos o Australia.
- Baile de cifras -
Pero en medio de una fuerte presión del Congreso de los diputados, que ordenó un estudio a una comisión independiente, la CEE terminó por ceder en febrero de 2022 y encargó una auditoría a un despacho de abogados.
El informe de la comisión independiente, coordinada por el Defensor del Pueblo y publicada en octubre, estimó que desde 1940 más de 200.000 menores sufrieron abusos sexuales por parte de religiosos católicos, cifra que aumentaría a 400.000 si se cuentan los abusos cometidos por laicos en ámbitos religiosos.
Unos datos que "no corresponden a la verdad", respondieron los obispos, quienes desdeñaron por igual la auditoría encargada por ellos, por "errores de concepto" y duplicar cifras. Este último reporte, entregado en diciembre, contabilizó al menos 2.056 víctimas.
Apenas días después, la CEE publicó su propio informe, de casi mil páginas, que ha ido actualizando.
En la última revisión, el 2 de marzo, da cuenta de 1.057 "casos registrados" en sus distintas diócesis, pero de ellos solo 358 han quedado "probados" o son "verosímiles", mientras otros 60 están siendo investigados.
Cifras que las asociaciones de víctimas rechazan por bajas, en un país con una arraigada tradición católica, que vivió hasta 1975 una dictadura que tuvo a la Iglesia como uno de sus pilares.
Como comparativa, en Portugal y Alemania se hallaron 4.815 y 3.677 víctimas, respectivamente, y en Francia podrían haber llegado a 216.000.
- "Organización tramposa" -
"La Iglesia se está comportando (...) como una organización tramposa, que se permite el lujo de rebajar los casos (...) diciendo que hay muchos que no son verosímiles, lo cual es ofensivo", se quejó Juan Cuatrecasas, miembro fundador de la Asociación Infancia Robada (ANIR).
Las víctimas se quejan de la falta de reparaciones, para lo que el informe del Defensor del Pueblo propuso la creación de un fondo estatal, una idea respaldada por el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez.
La CEE aprobó esta semana un plan integral de compensaciones, pero sin dar detalles de cómo se aplicará o cuándo.
El plan "está orientado a evitar que se repitan los casos de abusos" y a "ofrecer a las víctimas una reparación integral y adecuada", garantizó este viernes en rueda de prensa el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco García Magán, aunque admitió que el proceso va "más lento de lo que queremos".
Como un gesto, tras ser nombrado presidente de la CEE el martes, Luis Argüello salió a saludar a las víctimas que se manifestaban fuera y quedó en reunirse con ellas más adelante.
"Un avance muy tímido" para las víctimas.
Tras años de inacción, los afectados son "escépticos", señaló Joseba Ancín, quien sufrió abusos en los sesenta por parte del director, ya fallecido, de un colegio religioso en la población norteña de Estella.
"Veremos si se dan pasos adelante en el tema de indemnización" o los obispos esperan a "que esto se enfríe y vuelven un poco a lo de siempre", agregó Ancín, de 69 años.
(C.Young--TAG)
